¿Son precisos los precios de los assets que se muestran dentro de un videojuego?

Qué ha pasado: de los principios a las acciones

La Red CPC reúne a las autoridades nacionales de consumo de la UE y del Espacio Económico Europeo, y actúa de forma coordinada contra las infracciones transfronterizas al amparo del Reglamento (UE) 2017/2394. Su historia con los videojuegos tiene tres capítulos:

1. Marzo de 2025. La Red publica sus principios clave sobre monedas virtuales en juegos y abre una acción contra el estudio sueco de Star Stable Online, un juego muy popular entre niñas y niños. Detrás estaba una denuncia coordinada de organizaciones de consumidores de 17 países (en España, CECU y Asufin), presentada en septiembre de 2024.
2. Junio y septiembre de 2025. Dos talleres de la Comisión con las organizaciones de la industria (Video Games Europe y la federación europea de desarrolladores) para discutir cómo aplicar los principios, seguidos de intercambios por escrito.
3. 30 de septiembre de 2026. La Red adopta su Declaración conjunta sobre una mayor protección del consumidor en los videojuegos y anuncia once acciones coordinadas. Su diagnóstico no deja lugar a dudas: ha encontrado indicios de que «un alto número de empresas de videojuegos no han hecho ningún cambio sustancial en sus videojuegos» ni por la guía pública ni por las conversaciones de los últimos años. Y añade una frase que el sector debería enmarcar: las iniciativas de autorregulación como PEGI «han traído algunos cambios positivos para los consumidores, pero a menudo no abordan el núcleo de las prácticas dañinas».

Los juegos elegidos no son casuales. La propia Declaración explica que se seleccionaron por su amplio alcance, su accesibilidad desde distintos dispositivos y sus variadas clasificaciones por edad: Hunt: Showdown 1896 (Crytek), Forge of Empires (InnoGames), Candy Crush Saga (King), Minecraft (Mojang), Mech Arena (Plarium), Gardenscapes (PLR Worldwide Sales), Valorant (Riot), Clash of Clans (Supercell) y For Honor (Ubisoft), más Diablo Immortal y Call of Duty Mobile en la acción contra Activision Blizzard abierta a principios de 2026.

Los siete principios del CPC, uno a uno

La idea de partida es simple: toda compra hecha con una moneda virtual adquirida con dinero real está sometida al Derecho de consumo. A partir de ahí, los principios:

1. Precio claro y transparente: el precio del contenido digital debe mostrarse en dinero real (en euros, en nuestro caso), y no solo en monedas del juego.
2. Nada de prácticas que oculten el coste: ni monedas que se compran con otras monedas, ni tipos de cambio que impidan calcular lo que cuesta algo.
3. Nada de compras forzadas de excedente: no se puede empujar al jugador a comprar más moneda de la que necesita porque los paquetes no cuadran con los precios.
4. Información precontractual clara, antes de pagar.
5. Derecho de desistimiento: cancelar la compra y recuperar el dinero de la moneda no gastada, salvo renuncia válida.
6. Condiciones justas y comprensibles, en lenguaje sencillo.
7. Protección de los grupos vulnerables, en especial los menores.

Si has leído nuestro Top 5 de conflictos legales de 2026, reconocerás el número tres de aquella lista. Lo que entonces era un riesgo en el horizonte es hoy un expediente abierto para diez empresas.

El caso que abrió el camino: Star Stable

La posición común de la Red sobre Star Stable Online (21 de marzo de 2025) es el mejor manual de lo que no hay que hacer, porque describe prácticas concretas que la Red consideró contrarias al Derecho de consumo y especialmente dañinas para los niños:

• Exhortaciones directas a los niños en la publicidad para que compren moneda u objetos, o para que convenzan a los adultos de comprárselos.
• Técnicas de presión como las compras «por tiempo limitado» para influir indebidamente en los niños.
• Falta de información clara y adaptada a los niños sobre la compra y el uso de la moneda virtual, que lleva a gastar más de lo previsto.
• Influencers que promocionaban el juego sin revelar claramente el contenido comercial.

La empresa recibió un plazo para responder por escrito y proponer compromisos. A fecha de hoy la Comisión no ha publicado el resultado, pero la lista de prácticas es la que se ha replicado en las posiciones comunes contra las diez empresas de septiembre.

Qué ley regula las microtransacciones en España (y por qué no hace falta una nueva)

Aquí está el punto que más despista a los estudios: no hay una ley de monedas virtuales. La Red aplica cuatro directivas que llevan años en vigor (prácticas comerciales desleales, derechos de los consumidores, cláusulas abusivas y contenidos y servicios digitales), traspuestas en España en normas que cualquier tienda online conoce:

• El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios exige, antes de contratar, «el precio final completo, incluidos los impuestos» (artículo 20.1.c) y, en los contratos a distancia, «el precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas» (artículo 97.1.e). Una skin a 1.750 monedas sin su equivalente en euros no cumple ninguno de los dos.
• El botón de compra debe decir «pedido con obligación de pago» o una fórmula equivalente e inequívoca (artículo 98.2). Si no, el consumidor no queda vinculado.
• La Ley de Competencia Desleal considera engañoso afirmar falsamente que un producto «sólo estará disponible durante un período de tiempo muy limitado» para inducir «a tomar una decisión inmediata» (artículo 23), y califica de práctica agresiva «incluir en la publicidad una exhortación directa a los niños para que adquieran bienes o usen servicios o convenzan a sus padres u otros adultos» de que lo hagan (artículo 30).

Es decir: lo que la Red CPC ha hecho es dejar de considerar que una tienda dentro de un juego es un sitio distinto de una tienda. Como ya explicamos a propósito de qué compras realmente cuando compras un videojuego online, el Derecho de consumo entra en el juego con el jugador.

El derecho de desistimiento y la moneda sin gastar

El principio más temido por el sector es el quinto. La ley reconoce al consumidor el derecho a «desistir del contrato durante un periodo de catorce días naturales sin indicar el motivo» (artículo 102.1 del texto refundido). Y para el contenido digital sin soporte físico hay una excepción que casi todas las tiendas de juegos usan mal: el derecho se pierde si la ejecución ha comenzado con el consentimiento previo expreso del consumidor y su conocimiento de que, en consecuencia, pierde el derecho de desistimiento (artículo 103.m).

La consecuencia práctica es doble. Primera: la moneda comprada y no gastada es dinero del jugador durante 14 días, y debe poder recuperarlo si no renunció válidamente. Segunda: la renuncia tiene que ser expresa y con aviso, no una línea en los términos. Una casilla clara antes de gastar la moneda («entiendo que al usar las monedas pierdo mi derecho a devolverlas») resuelve el problema. Dar por renunciado el derecho porque el jugador abrió el juego, no.

Niños, temporizadores e influencers

El séptimo principio es el que más pesa en las acciones de septiembre y en la acción contra Activision Blizzard, que además de las monedas examina el diseño adictivo, los controles parentales preseleccionados, la exhortación directa a los niños y el bloqueo unilateral de cuentas. Tres prácticas concentran el riesgo:

• Los temporizadores y la escasez: la Declaración conjunta cita expresamente «los temporizadores engañosos y las afirmaciones infundadas de escasez» entre las técnicas que dañan a los consumidores. Una oferta que «termina en 2 horas» y se repite cada día es una afirmación falsa de disponibilidad limitada.
• Los mensajes a los niños: cualquier «¡cómpralo ya!» dirigido a un público infantil, o un personaje del juego que le pide al jugador que convenza a sus padres, es la práctica agresiva que la ley prohíbe con todas las letras.
• Los influencers: el estudio responde de que quienes promocionan el juego identifiquen el contenido comercial. La Comisión mantiene un centro de recursos legales para influencers precisamente porque la responsabilidad sube hasta la marca.

Todo esto conecta con lo que ya obliga a tu estudio en materia de menores, con lo que exige la clasificación por edades (los nuevos criterios PEGI) y con lo que viene en la futura Ley KIDS. La Declaración de la Red añade, por si quedaba duda, que presta «particular atención» a los sistemas de recompensa variable (las loot boxes), «especialmente cuando se dirigen a niños o se ponen a su disposición».

Qué pasa ahora con las diez empresas

El procedimiento del CPC es gradual. La Red ha abierto un diálogo individual con cada empresa sobre su posición común, y espera compromisos concretos. Si los problemas no se corrigen, las autoridades nacionales (en España, la Dirección General de Consumo y las autoridades autonómicas) pueden adoptar medidas de ejecución con arreglo a su propio régimen sancionador. No hay todavía ninguna sanción ni ninguna declaración de infracción, y es importante decirlo así: lo que hay son indicios y un requerimiento de cambio.

Ahora bien, el mensaje para el resto del sector está en la propia Declaración: la Red «llama a todas las empresas activas en el sector de los videojuegos a revisar sus prácticas» a la luz de las posiciones comunes existentes y de las que se publiquen en el futuro. Es decir, las diez empresas son el ejemplo, no el límite.

Qué debe cambiar tu juego

Nuestra recomendación, en orden de urgencia:

• Euros al lado de cada precio expresado en moneda virtual, en la tienda del juego y en la pantalla de confirmación. Es el cambio más visible y el que más miran las autoridades.
• Paquetes que cuadren: que el jugador pueda comprar exactamente lo que necesita, o al menos que no se vea obligado a un excedente estructural. Si la economía del juego depende del sobrante, la economía del juego tiene un problema legal.
• Desistimiento bien hecho: 14 días para la moneda no gastada y una renuncia expresa, con aviso, antes de gastarla. El botón, con «pedido con obligación de pago».
• Auditoría de presión: temporizadores, ofertas «últimas unidades», mensajes de personajes que piden comprar, notificaciones. Lo que no se sostenga como cierto, fuera.
• Protocolo de influencers con la obligación de identificar la publicidad por escrito en el contrato.
• Modo menor: si el juego es accesible a menores, sin exhortaciones a comprar y con las compras sujetas a control parental activo por defecto.

Hacer esto ahora cuesta unas semanas de diseño. Hacerlo después de una posición común del CPC cuesta lo mismo más un expediente.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• Red CPC, Declaración conjunta sobre una mayor protección del consumidor en los videojuegos, 30 de septiembre de 2026 (Comisión Europea)
• Red CPC, principios clave sobre monedas virtuales en juegos, 21 de marzo de 2025 (Comisión Europea)
• Comisión Europea, acciones coordinadas en redes sociales, juegos en línea y buscadores (página oficial de la Red CPC)
• Comisión Europea, nota de prensa sobre la acción contra Star Stable y los principios clave, 21 de marzo de 2025
• Real Decreto Legislativo 1/2007, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, artículos 20, 97, 98, 102 y 103 (BOE)
• Ley 3/1991, de Competencia Desleal, artículos 23 y 30 (BOE)